Una contradicción: si los bienes son del pueblo, y éste, por hambre, toma parte ínfima de su propiedad, no comete delito, por lo tanto no habría que sancionarlo.
De todas formas eso solo queda en la teoría; en la práctica cumplen condena por ello, mientras se quejan por la falta de posibilidad de subsistir de su trabajo.
“Si no tomo lo que considero que me he ganado por mi esfuerzo, no puedo alimentar a mi familia. En mi caso lo hice porque pretendía comprarle un par de zapatos a mi hija por sus quince cumpleaños”, me dice un señor con los ojos llorosos. Otro se acerca para decirme que está preso por vender una antena parabólica, solo el plato, no el receptor, y abre los ojos como si observara un abismo. “exageraron en el registro que hicieron en mi casa. Con un vecino, por droga, no fueron tan exhaustivos; en mi caso, porque los enferma la información, las imágenes de libertad al pueblo les preocupa”.
Gran parte de esta masa de “malversadores”, son directores de empresa, compradores, almaceneros…, todo aquel que tenga al alcance de su mano cualquier artículo que sirva para vender, comprar, alquilar, y le reporte beneficio que luego sirva para adquirir los elementos vitales para la vida de sus hijos.
En una sociedad que se corroe, se desgata, donde sus jóvenes, los hijos que nadie quiso, solo piensan en abandonar el país o robar y sobrevivir, es lógico que las cárceles estén sobrepobladas con pésima alimentación.
La dictadura hace caso omiso al reclamo de una sociedad de tener un orden político y económico que le ofrezca a sus ciudadanos, sobre todo a los jóvenes, una realidad que les garantice un presente y futuro próspero.
Ángel Santiesteban-Prats
Prisión La Lima. Marzo de 2013
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