Mientras varios intelectuales cubanos residentes en la isla están manifestándose contra Ángel Santiesteban Prats sin conocer ni las diligencias judiciales ni cómo el poder político manipuló a la Justicia con el solo fin de sacarse del medio al escritor, son cada vez más las organizaciones internacionales que denuncian a la dictadura castrista y la persecución, acoso y censura de las que son víctimas los intelectuales, periodistas y opositores. Esta vez es la Sociedad Interamericana de Prensa la que se manifestó en su reunión de Medio Año en Puebla.
¿Qué pensarán todos aquellos colegas de Ángel cuando se enteren de que son también víctimas del régimen que los utiliza para desprestigiar a uno de los más grandes escritores que dio Cuba en las últimas décadas? ¿Serán concientes de que se están prestando como colaboradores necesarios de una dictadura que más pronto que tarde encontrará su fin? ¿Cómo justificarán su proceder cuando no laman más la bota del tirano que los oprime?
Reunión de Medio Año de la SIP, Marzo 8 - 11 2013, Puebla, México
Cuba
Por primera vez en medio siglo una residente en la isla lee este informe sobre el estado de la libertad de prensa en Cuba ante una asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa: a todas luces, un acontecimiento sin precedentes. Por ello, las primeras palabras de este documento quieren hacer patente a la SIP el agradecimiento de los periodistas y blogueros independientes por su defensa de la libertad de prensa y expresión en el hemisferio y, en particular, por el apoyo a nuestra lucha dentro de Cuba.
La excepcionalidad de este hecho no debe hacernos perder de vista que el gobierno cubano sigue actuando de manera arbitraria y se reserva del derecho de negar la salida del país a ciertos ciudadanos. Recién puesta en vigor la reforma migratoria ya existen algunas personas —los ex prisioneros políticos Ángel Moya Acosta y José Daniel Ferrer García, y la directora de Bibliotecas Independientes Gisela Sablón— a quienes se les negó el derecho al libre movimiento, consagrado en la Declaración de Derechos Humanos.
La represión contra las libertades individuales, de prensa y de expresión, ha sido constante en este período aunque en un grado mayor en extensión e intensidad. Hay un solo periodista independiente encarcelado, Calixto Ramón Martínez Arias, quien está detenido desde septiembre de 2012, aún sin juicio. Amnistía Internacional lo considera preso de conciencia, encarcelado por ejercer de forma pacífica su derecho a la libertad de expresión.
El periodista de la agencia de noticias Hablemos Press investigaba denuncias según las cuales medicamentos proporcionados por la Organización Mundial de la Salud para combatir una epidemia de cólera estaban siendo retenidos en el aeropuerto de La Habana, pues las autoridades negaban la existencia de la enfermedad.
Al solicitar la libertad de Calixto Martínez, AI insistió en que el “Estado cubano mantiene un monopolio total sobre todos los medios de comunicación del país, incluidos la televisión, la radio, la prensa, los proveedores de internet y otros medios de comunicación electrónicos”.
El laureado escritor y bloguero Ángel Santiesteban, Premio Casa de las Américas 2006, acaba de ingresar en la prisión de Valle Grande para cumplir una condena de 5 años por supuestos delitos comunes. La prensa independiente ha denunciado las irregularidades del proceso judicial y exigido su excarcelación.
Lo más relevante en esta etapa es, por un lado, la reforma migratoria y, con ella, la posibilidad de que varios opositores y periodistas independientes puedan salir de la isla y regresar; y, por otro, el anuncio del retiro del gobernante Raúl Castro y el aparente traspaso de poder a personas más jóvenes.
Aunque mediatizada, la reforma es un signo positivo que, en términos de comunicación con el exterior, nos permite dar a conocer de primera mano la situación del país. Confiamos en que, el futuro, podamos también hacerlo libremente con los cubanos de la isla. Seguramente preocupado por el impacto de la palabra en libertad, el gobierno ha echado a andar por estos días su aparato de desinformación y descrédito y ha movilizado a embajadores y cónsules.
La promesa de retiro de Raúl Castro ha sido recibida por la población con una mezcla de esperanza, resignación y escepticismo. Lo primero, porque cabe esperar que sin los Castro el país podrá labrarse otro destino; lo segundo, porque aún median 5 años para que se concrete la añorada despedida; y lo tercero, porque nadie sabe con certeza si lo anterior se cumplirá. Por lo pronto, lo más importante son los cambios políticos, aquellos que garanticen las libertades existentes en el mundo de hoy; esos cambios no están en la agenda de candidatos a retirados o a sucesores.
La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional informó de que en enero hubo al menos 364 casos de detenciones arbitrarias por motivos políticos. Pero ya en febrero hubo 504 detenciones. Durante el 2012 los arrestos por motivos políticos alcanzaron un promedio de 550 casos mensuales.
En este tipo de represión de “baja intensidad”, durante horas o días, la Policía política recurre a la violencia física y las amenazas. La misma Comisión manifestó su preocupación por el aumento de los llamados actos de repudio contra opositores, al estilo de los “pogromos” nazis.
El 9 de noviembre del 2012 la SIP envió una misiva al gobernante cubano Raúl Castro rechazando el arresto de Yoani Sánchez y otros opositores, detenidos por recabar información en una estación policial sobre la suerte de otras personas encarceladas; celebró su liberación y exigió respeto a su integridad física y la de su familia. El día anterior la SIP había designado a Yoani Sánchez vicepresidenta regional por Cuba de su Comisión de Libertad de Prensa e Información.
Entre los detenidos se encontraba Antonio G. Rodiles, director de Estado de Sats, foro de debate independiente. Opositores dentro y fuera de Cuba desarrollaron una campaña para exigir su inmediata liberación de Antonio G. Rodiles. La policía cubana lo puso en libertad 19 días después de su arresto.
Por esos días la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a Yoani Sánchez, quien denunció encontrarse en una situación de riesgo tras haber realizado varias publicaciones en internet sobre la situación de los derechos humanos en la isla. La CIDH solicitó a La Habana que adopter “las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física” de Sánchez y su familia.
A fines de noviembre la SIP repudió el arresto arbitrario del periodista independiente cubano Roberto de Jesús Guerra, director de la agencia de noticias Hablemos Press. Guerra fue detenido con violencia por agentes de seguridad vestidos de civil. Después de varias horas, fue dejado en libertad.
En diciembre la organización Reporteros Sin Fronteras en su balance anual señaló que la represión contra blogueros y periodistas disidentes volvió a intensificarse desde el 2011.
En enero del 2013 Freedom House condenó la decisión de los países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) de otorgar a Cuba la presidencia de la organización. Según la organización, ello constituye una violación de los principios y valores de la Declaración of Caracas, que promueve los derechos humanos y la democracia.
En el mismo sentido, Reporteros Sin Fronteras pidió que los cubanos finalmente gocen de los avances de Internet mediante el acceso a las facilidades que trajo el cable submarino de fibra óptica ALBA-1.
En ese mes el Gobierno anunció que el cable submarino estaba operativo desde el año anterior, aunque no habría un crecimiento automático de “las posibilidades de acceso”. Como se sabe, en la isla no se permite a los cubanos tener conexión desde sus domicilios salvo contados casos.
En febrero Human Rights Watch (HRW) denunció que Cuba se mantiene como el país más represivo de América Latina. “Cuba sigue siendo el único país de América Latina donde se reprimen casi todas las formas de disenso político”, indicó el reporte, que acusó al gobierno de Raúl Castro de recurrir a “detenciones arbitrarias por períodos breves, golpizas, actos de repudio, restricciones de viaje y exilio forzado”.
Los blogueros independientes, dentro y fuera de la isla, continúan consolidando su prestigio como fuentes confiables de información. Una prueba de ello ha sido la acogida recibida en Europa a Eliécer Ávila y Yoani Sánchez. En el caso de esta última, el gobierno cubano intentó exportar una campaña en su contra, incluido el mitin de repudio. Lo cierto fue que la agresividad del guión entregado por la Embajada de Cuba en Brasil —denunciado por la revista Veja— provocó el efecto contrario y levantó el interés por la lucha por la libertad de expresión en Cuba.
Las agencias de prensa siguen siendo sometidas a la vigilancia y represalias del gobierno y, en consecuencia, obligadas a la autocensura.
Se mantiene inalterable el propósito de limitar o impedir el acceso de la población a canales alternativos de información.
El contratista Allan Gross, de 62 años, cumple una pena de 15, tras ser acusado de cometer “delitos contra la Seguridad del Estado” al entregar equipos de comunicación a personas consideradas opositores. Varias gestiones para su excarcelación han fracasado. El gobierno cubano ha indicado que está dispuesto a negociarla por “razones humanitarias”, pero exige a cambio que EE.UU. libere a cinco espías que cumplen condenas en cárceles estadounidenses. Una delegación de legisladores estadounidenses visitó la isla a mediados de febrero con el propósito de conseguir su liberación, pero regresó con las manos vacías.
Publicado por SIP
